La organización advierte que, ante la ausencia del Estado en zonas rurales, la ayuda humanitaria internacional es el único soporte para evitar una mayor pérdida de vidas en territorios donde el derecho a la movilidad ha sido suprimido por la violencia. El Conflicto armado ha derivado en una crisis humanitaria donde más de 170.000 civiles se encuentran bajo confinamiento forzado en Colombia. Según datos de Naciones Unidas (OCHA), entre enero de 2025 y febrero de 2026, un total de 172.395 personas fueron obligadas a permanecer en sus territorios bajo restricciones impuestas por grupos armados no estatales. La situación más crítica se localiza en el occidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde se reportan 91.627 personas afectadas. Esta dinámica afecta desproporcionadamente a comunidades indígenas y afrocolombianas, elevando los riesgos de reclutamiento forzado en menores y violencia basada en género. Boris Aristín, gerente del Consorcio de Respuesta a Emergencias MIRE+, señaló que Colombia registra la tercera cifra más alta de desplazados internos a nivel global. El Consorcio MIRE+ —integrado por el Consejo Noruego para Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo Francia— ha asistido a cerca de 20.000 personas desde inicios de 2025. Establecido en 2020, este mecanismo de respuesta rápida proporciona transferencias monetarias, apoyo psicosocial, servicios de salud, agua y saneamiento en las fases críticas de las emergencias. Aristín enfatizó la urgencia de mantener la atención internacional, dado que la supervivencia de estas poblaciones depende de una asistencia humanitaria que enfrenta una reducción presupuestal significativa. El confinamiento impide actividades esenciales para la subsistencia, como la agricultura y el tránsito por los ríos, que funcionan como principales rutas de transporte. Las comunidades bajo estas restricciones carecen de suministros constantes de agua, acceso a medicamentos y energía eléctrica. En estas regiones, la libre circulación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un permiso otorgado por actores armados.
